Destrabar la habilitación de suelo urbanizable, cuya principal barrera es la dificultad para financiar la infraestructura necesaria (vías, redes de servicios públicos y espacio público). Acciones encadenadas: (i) ampliar la facultad legal para la financiación privada de cargas, permitiendo que los desarrolladores financien infraestructura de mayor escala —como la red vial principal— más allá de la infraestructura básica de servicios públicos; y (ii) reglamentar la financiación excepcional privada de cargas generales en materia de servicios públicos, definiendo las condiciones, los riesgos que asume el urbanizador, las reglas de gestión y las responsabilidades de municipios, empresas prestadoras y desarrolladores, con el fin de destrabar proyectos que hoy se retrasan o no avanzan por falta de infraestructura.
Problemática que aborda
La dificultad para financiar la infraestructura (vías, servicios públicos, espacio público) limita la oferta de suelo formal y encarece la vivienda; los mecanismos existentes no han sido suficientes para garantizar la provisión de infraestructura.
Impacto esperado
Aumenta la oferta de suelo formal urbanizable y destraba proyectos detenidos por falta de la infraestructura requerida.
Madurez y riesgo
Requiere ampliación de la facultad legal y reglamentación de la financiación privada de cargas generales.
Marco normativo
Responsable y apoyos
Entidad líder: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)
Evidencia en el documento
Ampliar la facultad legal para la financiación privada de cargas, permitiendo que los desarrolladores financien infraestructura de mayor escala, como la red vial principal, más allá de la infraestructura básica de servicios públicos. Reglamentar la financiación excepcional privada de cargas generales en materia de servicios públicos.
Nota de consolidación
El agregado del paquete (meta de 800.000 viviendas iniciadas en el cuatrienio) vive en el registro de documento 'bid-vivienda'.
Alertas de extracción
- Entidad líder (MVCT) inferida.